El acceso a la información es una instancia necesaria para la participación ciudadana y la protección de los derechos civiles, dado que sin información adecuada, oportuna y veraz, la sociedad difícilmente se encuentre en condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones públicas. Como consecuencia, ha surgido la necesidad de utilizarla de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, por lo que nuestra Carta Magna lo ha establecido como una garantía individual, mientras que la legislación secundaria ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.